Gran parte del cuerpo docente regular de nuestras universidades nacionales (que ejerce control sobre las cátedras concursadas), y de sus autoridades (miembros de Juntas Departamentales, Consejos Directivos y Consejos Superiores), padecen de una quíntuple lealtad o dependencia de naturaleza esquizofrénica, que lastima la existencia de una comunidad científica. Para que se dé esta última se necesita, al decir de Joaquín E. Meabe, objetivos y solidaridad en el agregado humano, donde cada miembro pueda encontrar reciprocidad y buen trato además de interés por parte del resto y donde se requiera trabajo común y compartido así como respeto mutuo.
Por un lado, los cuerpos docentes de la universidad argentina dependen de las Universidades que los han designado, donde han hecho carrera docente, y donde algunos pocos han logrado ser legalizados con concursos de oposición y antecedentes. De todos modos se supone que los docentes universitarios, en especial aquellos que cuentan con dedicación exclusiva, amén de la docencia deben producir conocimiento original y llevar para ello proyectos de investigación. Pero, por otro lado, las unidades académicas a las que pertenecen dependen en primer lugar de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la que certifica sus programas de maestría y doctorado; y sus docentes-investigadores dependen en segundo lugar del Consejo Nacional de Investigaciones Científico y Técnicas (CONICET), donde algunos han hecho carrera primero como Becarios, y la mayoría como Investigadores de Carrera, prestando Informes anuales o bianuales del devenir de sus respectivos proyectos de investigación, hasta ascender algunos de ellos las cinco (5) categorías del organismo. Asimismo, los denominados docentes-investigadores dependen en tercer lugar de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, la que les bonifica y categoriza los Incentivos (sobresueldos en negro) en una escala de tres categorías. Finalmente, una minoría de dichos docentes-investigadores (1511) dependen en cuarto lugar de la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica o ANPCYT (Ministerio de Ciencia y Técnica), la que les distribuye una suerte de donaciones encubiertas disfrazadas de subsidios de investigación (un centenar y medio de ellas recaídas en los propios funcionarios de estos organismos, que resultaron así autoevaluados), que no tributa impuestos a las ganancias ni hace aportes provisionales, y que para una ultra-minoría de los mismos (385) se repite dos, tres y hasta cuatro veces, sumando cifras individuales próximas al millón de pesos.
Por lo tanto, en esta quíntuple lealtad o dependencia de intereses dispersos en esferas burocráticas diversas –estando cuatro (4) de ellas estrechamente atadas al poder político del estado– se encuentra parcialmente el secreto de la desigualdad, la corrupción, el miedo generalizado, los exclusivos lazos de interés y beneficio personal, y por consiguiente la inexistencia en nuestras Universidades Nacionales de una comunidad científica; corrupción y desigualdad de las que no se ha podido desprender desde la aciaga Noche de los Bastones Largos (29 de Julio de 1966).
Debido precisamente a esta quíntuple lealtad o señuelo material, estos cuerpos docentes y los integrantes de estos órganos colegiados difícilmente cuentan con el suficiente respeto, generosidad, tolerancia y libertad (de pensamiento, de cátedra y de expresión), en materia científica, política y universitaria. Por ende, esta triste realidad de egoísmos y malsanas competencias es la principal razón por la cual sus respectivas Universidades carecen de una comunidad científica y de la pregonada autonomía, supuestamente garantizada desde 1994 por el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional (CN).
Valga la redundancia, las universidades nacionales no son autónomas ni cuentan con una comunidad científica, porque sus autoridades, desde sus Rectores, Decanos y Jefes de Departamento, hasta sus Consejeros Departamentales, Directivos y Superiores, que pertenecen a su vez al CONICET, y que se benefician de los subsidios de la Agencia, las acreditaciones otorgados por la CONEAU y los incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), están presos o rehenes como en un cerrojo blindado de una quíntuple estructura, cuatro (4) de las cuales: la CONEAU, la Agencia, la SPU y el CONICET carecen totalmente de autonomía respecto del poder político nacional. En efecto, la CONEAU, la Agencia, la SPU y el CONICET son estructuras del poder del Estado Nacional, dónde desde su Presidente hasta su mismo Jefe de Despacho, pasando por toda su línea gerencial, son designados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) o por concursos amañados desde el PEN. En el CONICET, los únicos cuatro (4) cargos que son electivos o representativos, los de los Coordinadores de las cuatro (4) Grandes Áreas de Conocimiento en que está fragmentado el organismo, que a su vez son miembros de su Directorio, lo son sobre la base de una legislación restrictiva y limitacionista (Decreto 1661/96) y de actos eleccionarios simulados que adolecen de un ausentismo estructural y masivo.
De esa forma, las autoridades de los órganos colegiados de nuestras Universidades Nacionales, desde su normalización en 1985, y más explícitamente aún, desde la última Reforma Constitucional de 1994, y desde la vigencia del Decreto No. 1661/96 (que estructura el régimen electoral del CONICET), han venido violando conscientemente la autonomía universitaria, al cohonestar con su muda presencia la antidemocrática y fraudulenta organización actual de los organismos científico-educativos (CONEAU, CONICET, Agencia y Secretaría de Políticas Universitarias). Asimismo, esta voluntaria sumisión a una estructura violatoria de derechos y garantías constitucionales corroboraría que la quíntuple lealtad de los integrantes de nuestros cuerpos docentes y de los directivos universitarios ha venido también sembrando una codicia y un miedo generalizado y atentando por ende contra la existencia de una comunidad científica.
Más aún, muchas de estas autoridades universitarias y de estos titulares de cátedras regulares han aceptado –con la excusa de ser una carga pública– integrar las instancias evaluadoras de la Agencia, de la CONEAU y del CONICET, como ser las Comisiones Asesoras de este último (renovadas por mitades anualmente), y hasta su propia Junta de Calificaciones, en la cual se han visto promovidos en la Carrera de Investigador y beneficiado a su vez con toda suerte de prebendas, tales como subsidios, viáticos, premios y asesorías o consultorías.
En otras palabras, se presume que un docente-investigador que a su vez pertenece al CONICET y al que la Agencia le ha otorgado un subsidio de investigación, debe contar forzosamente con el equivalente de al menos dos (2) proyectos de investigación simultáneos y superpuestos, uno para la universidad a la que pertenece, que puede ser el mismo del CONICET, y otro más pero distinto para la Agencia. Sin embargo, la mayoría de los beneficiados por la Agencia funde ambos proyectos en uno sólo. Y en cuanto a la desigualdad obscena entre dichos casos, mientras un docente-investigador que no pertenece al CONICET y que no ha sido subsidiado por la Agencia trabaja únicamente un proyecto de investigación por tan solo un salario, que es el de su universidad; el docente-investigador, pertenezca o no al CONICET, que sí es subsidiado por la Agencia, cuenta con el mismo salario, el de la Universidad o el del CONICET, al que le suma la irregular asignación del subsidio que nunca es menor al salario correspondiente a tres años de trabajo en la universidad.
Por si todo ello fuera poco, al salario universitario o al alternativo sueldo del CONICET, al subsidio de la Agencia, y a los incentivos de los docentes-investigadores otorgados por la SPU debemos agregar que con motivo de los bajos salarios cobrados, muchos de sus integrantes se han visto inducidos a engancharse en las nuevas universidades de los conurbanos y del interior de las provincias, donde los cuerpos docentes disfrutan de salarios muy superiores a los de las universidades más antiguas, pues gozan de partidas presupuestarias extraordinarias aunque sin participación democrática alguna; todo lo cual revelaría a las claras la extrema desigualdad, falsedad y superchería de nuestra Autonomía Universitaria.
Y para maquillar todo este mezquino entramado con el simulacro de la democracia interna, debemos añadir los mecanismos electoralistas de las Universidades Nacionales, que bajo el pretexto del cogobierno tripartito han alimentado la gestación de una red de mafias o camarillas enquistadas en sus órganos de poder, la que los ha vuelto extremamente objetables y vulnerables. Dichos mecanismos electoralistas nada dicen respecto a una serie de violaciones morales, legales e institucionales que agravian profundamente el quehacer universitario argentino, y sin cuya ineludible reparación ningún subsidio o incremento presupuestario lo puede remediar. Nada dice de:
a) la falta de transparencia y de los ocultamientos premeditados de sus actos administrativos (manipulación de concursos y jurados, adulteración de rendiciones de cuentas, compras directas);
b) los prebendarismos y clientelismos disfrazados como actos confidenciales y reservados (evaluaciones de pares);
c) las incompatibilidades violatorias del principio de equilibrio y división de poderes, y de la Ley de Ética en la Función Pública (extrañamente nunca reglamentada);
d) los simulacros y montajes pre-electorales fraudulentos de voto pasivo calificado (proscripción de los profesores interinos o denegación a ser elegidos) y montajes electoralistas de distrito múltiple (elecciones fragmentadas por Facultades y Departamentos, en lugar de un distrito único y simultáneo).
En consecuencia, habida cuenta de estas violaciones, la burocracia universitaria que controla dichos órganos de poder puede eventualmente llegar a ser procesada en sede penal. Por lo tanto, como lo ha manifestado off the record un colega de la UBA, las camarillas que controlan dichos órganos no pueden ni deben perder las elecciones, pues si pierden deberían materialmente quemar aquellos archivos que guardan los testimonios de sus desaguisados. Desde ese punto de vista, todos los docentes que no les respondan o que no se vendan son una amenaza potencial pues pueden llegar a acceder a la documentación que los incrimina y deben por tanto ser derrotados antes de que muestren su perfil. En ese preciso sentido, todas las Asociaciones Gremiales Docentes (AGD) les resultan amenazantes, por su resistencia contra el fraudulento sistema de concursos vigente.
En los claustros de profesores, dichas mafias suelen ganar las elecciones de claustro por estrecho margen. Para evitar perder en el claustro de profesores manejan el padrón, es decir, filtran la incorporación a las categorías docentes beneficiando a los suyos y perjudicando a los independientes u opositores. Pero en las listas de graduados, que reúnen a la mayoría de los docentes auxiliares recibidos en esa universidad (los recibidos en el extranjero o en otras universidades no tienen derecho a votar), las elecciones les son sistemáticamente desfavorables a los docentes auxiliares porque los «graduados externos» llegan a los comicios en flotas de remises, pagados por la mafia. Las reglamentaciones electorales, decididamente anti-democráticas, requieren que una lista de profesores esté formada en su mitad por profesores titulares. De esa forma, manejando a los titulares se evitan la oposición.
En suma, la legislación calla la estructura de poder patriarcal, discriminatoria, patrimonialista, deformadamente profesionalista, corporativamente cerrada, y premeditadamente fraudulenta vigente en el aparato universitario argentino. Esta decadente estructura de poder ha terminado por desintegrar a las instituciones universitarias, privando de seguridad y confianza a sus integrantes, alterando sus centros y parámetros morales e impidiendo la existencia en ellos de una auténtica comunidad científica.
Por último, en este rosario de agravios: los mecanismos comunicacionales impenetrables y secretos; las normativas escalafonarias prebendarias; los sistemas de evaluación y calificación absolutistas (son simultáneamente juez y parte interesada); los regímenes de representación estamental pre-moderno; y los sistemas electorales fraudulentos y antidemocráticos, han sido la fuente originaria de un creciente faccionalismo cultural, de un mandarinato mercenario, de un electoralismo clientelar perverso, de un permanente drenaje de inteligencias, de una desigualdad obscena, de un miedo generalizado y de un discurso oculto de prejuicios, discriminaciones, exclusiones y amedrentamientos, de los cuales la Agencia, la CONEAU, el CONICET, la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) son también plena y palmariamente responsables.
Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del CONICET
https://www.er-saguier.org