Buenos Aires, Palermo, Squzi, miércoles 20 de agosto de 2014
Sr. Presidente del Comité Nacional de la UCR
Dr. Ernesto Sanz
Sra. Presidenta de la Convención Nacional de la UCR
Lic. Lilia Puig de Stubrin
De mi consideración:
Hace casi medio año, el 26 de marzo del corriente, un grupo de correligionarios les pidió en un escrito titulado “UCR-Debate Clausurado” honrar el artículo 26 de la Carta Orgánica partidaria, la que prescribe la obligación de las autoridades de convocar al afiliado periódicamente para que exprese su pensamiento y sus preocupaciones ciudadanas. http://argentina.indymedia.
A pesar de dicho pedido, desde entonces no hemos observado que hayan cumplido con dicho articulado, y que se haya intentado reparar el daño inferido a la democracia interna, pues ninguna sobre-actuación personal por más esforzada que fuere ni ningún acuerdo de cúpulas partidarias puede suplantar con éxito la consulta y la opinión individual del afiliado, que nada tiene que ver con el voto en una interna electoral. Por el contrario, lo único que se conoce hasta ahora es una nueva convocatoria a la Convención Nacional en el próximo mes de septiembre, emplazada exclusivamente para ratificar una política de alianzas. Sin embargo, la opinión individual de los afiliados aunque no hayan sido consultados siempre ha sido más potente que la voz de los convencionales y los delegados al Comité Nacional. Y también siempre ha sido más fuerte que eventuales alianzas o coaliciones, por más cruciales que estas fueren para la suerte del país. No es posible que so-pretexto de acuerdos o coaliciones, la opinión del afiliado Radical en la era informática deje de ser escuchada, y que su dignidad sea avasallada por intereses y superestructuras mezquinas.
No obstante, el objeto de este nuevo escrito, que integra una batería de ensayos concatenados entre sí, todos puestos online, no es volver a insistir en un derecho consagrado en la Carta Orgánica (el del afiliado para expresar periódicamente su pensamiento), sino lo que es más imprescindible, tratar de explicar descarnadamente la naturaleza histórica y política de lo que el filántropo Martín Varsavsky denomina refiriéndose a la Argentina el “agujero negro del talento”, o lo que es lo mismo, el atraso y la corrupción académica y científica argentina, acompañado por sus repercusiones en el Radicalismo, y por el repetido y prolongado impedimento a opinar que padecen los afiliados Radicales y que se remonta a los inicios del retorno a la democracia (1983), y que tan perjudicial ha sido para la preservación de la democracia interna y para el espíritu republicano de las instituciones del Radicalismo.
Por otro lado, desde hace más de una década, más precisamente desde que el populismo bonapartista de Kirchner (compuesto por un revisionismo anacrónico de mitos y leyendas, una estrategia fascista de amigo-enemigo, una política stalinista previa al Frente Popular, y en su etapa terminal un estado policial con las Leyes de Abastecimiento y Antiterrorista), tomara el poder en 2003, nuestro Radicalismo se caracterizó por una oposición tibia y de muy baja intensidad, una sombra de su sacrificado y honroso pasado. Sin querer incursionar en las complicidades de algunos dirigentes con el Kirchnerismo, hemos de hacer hincapié aquí en un contrapunto vital de la política nacional totalmente ignorado por la dirigencia partidaria (propia y ajena), y que hace eje en las políticas públicas en materia de ciencia y educación superior, insustituibles para la potenciación de la sociedad civil y para una eventual profundización del desarrollo industrial y tecnológico del país.
En ese preciso sentido, y para salvaguardia del sistema científico, el que suscribe, acudió al bloque Radical del Senado, en el transcurso del 2010, para requerir solidaridad parlamentaria a su denuncia judicial penal federal contra la Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica (ANPCyT), por la malversación y estafa de U$S 1240 millones de dólares procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo (equivalentes a la deuda sentenciada con los mal llamados Fondos Buitres), y administrados fraudulentamente por el entonces Secretario de Estado Lino Barañao. En mi requisitoria acompañé la fotocopia del grueso expediente judicial, la cual fue registrada, y en respuesta se me aseguró que sería convocado para su consideración, citación que nunca se concretó y que no insistí pues advertí entonces la existencia de un profundo desinterés partidario.
La precariedad institucional de esta irresponsabilidad y el resultante atraso científico y tecnológico requieren un análisis histórico acerca de las elites políticas de procedencia y formación universitaria. Este análisis debe partir de los deficits del proyecto Reformista (1904-1918) en materia de endogamia profesoral (incapaz de generar una comunidad y un mercado docente de alcance nacional) y debe continuar con el grado de desatención y abandono del capital simbólico del país cuya cadena de acontecimientos es fundamental señalar con detalle para trazar su itinerario y trayectoria histórica.
Este capital y esta memoria, que debieran ser interpelados por un discurso crítico, pero que ha caído en el olvido del imaginario Radical, está compuesto por una batería de documentos y hechos históricos interconectados entre sí, tales como la Ley Avellaneda (1885), la malograda Reforma Universitaria de 1904 en Buenos Aires [que siguió al suicidio de Leandro Alem y entre cuyas secuelas se expulsaron de los claustros universitarios a Juan B. Justo y Nicolás Repetto], y la a medias triunfante Reforma de 1918 en Córdoba. También se constituyeron posteriormente en acontecimientos cuya memoria histórica debe ser reconstruida y que deben ser interpeladas por la prédica Radical: la frustrada lucha contra el art.28 y la defensa del laicismo y la enseñanza pública (1959), la radicalización del movimiento estudiantil y universitario durante el Cordobazo (1969), y finalmente, el fracasado combate de 1996 contra el alineamiento automático a las políticas educativas del Consenso de Washington (focalizadas en el mercantilismo privatizador, la descentralización federativa, la fragmentación docente, el fraccionamiento productivista y la educación y la ciencia como mercancías), que estuvieron dramáticamente expresadas en el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC), en el programa de subsidios del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FonCyT) perteneciente a la Agencia o ANPCyT, y en el Programa de Incentivos para
docentes-investigadores categorizados, y enrolados en las Universidades Nacionales, y que viene siendo facciosamente administrado por la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. La alegórica caricaturización de los alineados de adentro quedó registrada en un célebre mural exhibido en Filosofía y Letras de la UBA, acompañado por una parodia explicativa de autor anónimo, ambos testimonios salvados de desaparecer gracias a las entonces nacientes redes de Internet. Estas reivindicaciones -aunadas al Programa de Avellaneda (1945)- debieran ser los antecedentes centrales para ser interpelados por la prédica intransigente de la UCR y son las únicas herramientas que hemos heredado fragmentadas y que debemos seguir honrando, susceptibles de ser reactivadas y actualizadas para rescatar a nuestro partido de la prolongada crisis programática y moral.
docentes-investigadores categorizados, y enrolados en las Universidades Nacionales, y que viene siendo facciosamente administrado por la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. La alegórica caricaturización de los alineados de adentro quedó registrada en un célebre mural exhibido en Filosofía y Letras de la UBA, acompañado por una parodia explicativa de autor anónimo, ambos testimonios salvados de desaparecer gracias a las entonces nacientes redes de Internet. Estas reivindicaciones -aunadas al Programa de Avellaneda (1945)- debieran ser los antecedentes centrales para ser interpelados por la prédica intransigente de la UCR y son las únicas herramientas que hemos heredado fragmentadas y que debemos seguir honrando, susceptibles de ser reactivadas y actualizadas para rescatar a nuestro partido de la prolongada crisis programática y moral.
Dicha interpelación histórica se debe ampliar aún más con consideraciones acerca de la creciente erosión de la conciencia sobre nuestra producción de contenidos académicos originales, cuyos procesos de investigación, planificación, administración y evaluación deben ser necesariamente independientes tanto del poder del Estado (CONEAU-Agencia), como de los organismos multilaterales de crédito (BM-BID), y de toda facción ideológica, política o religiosa (independencia que nada tiene que ver con la defensa de estructuras corporativas o de prácticas de cogobierno y de composición tripartita). Culminamos la interpelación con las denuncias sobre la subordinación de las políticas públicas en ciencia y educación superior del Peronismo (Menemistas), a los planes divisionistas y mercantilistas (arancelatorios) del Banco Mundial (BM), una adaptación tardía al Consenso de Washington para la educación (ver artículo de Pablo Gentili), ampliada y profundizada durante el Kirchnerismo, y aún hoy en su pleno poder. Esas políticas públicas fragmentaron la comunidad docente universitaria en docentes-repetidores y docentes-investigadores, estos últimos fraccionados en una escala compuesta de cinco niveles. Y bajo el pretexto de fomentar el mejoramiento de la calidad educativa, las autoridades públicas incurrieron en un agudo proceso de desinversión en la infraestructura científica y tecnológica del país, que es parte del atraso y corrupción mencionados (bibliotecas, laboratorios, archivos, centros de información, etc.).
A estas pormenorizadas consideraciones debemos agregar como un claro testimonio de alineamiento automático con el Consenso de Washington, la responsabilidad que le cupo en esa política a la dirigencia de la UCR, que intentó en su momento durante el gobierno de la Alianza, con la gestión del ex-canciller Dante Caputo (2000-2001), terminar con el CONICET, sustituyéndolo por la Agencia o ANPCyT (cuando en las universidades nacionales los cargos a los que debían recaer los investigadores a desahuciar estaban y están usurpados por camarillas endogámicas). Dicha eliminación fue resistida por la activa movilización de los mismos investigadores, que incluso llegaron a interrumpir un desfile militar provocando la renuncia del funcionario de marras.
Amén del claudicante caso Caputo, las autoridades partidarias de ese entonces tampoco hicieron lugar al debate y la democracia interna entre los afiliados Radicales, incluyendo la dirigencia que surgió con el restablecimiento de la democracia (1983) y la que finalizó tumultuosamente con la Alianza (2001). Sus deformaciones arrancaron con la modificación de la Carta Orgánica en diciembre de 1983 (incompatibilidad de los cargos electivos con la dirección política del partido), siguió con el recurso demagógico y fundamentalista del Tercer Movimiento Histórico (discurso de Parque Norte, 1985), continuó con el ninguneo político a los cuatro (4) diputados nacionales del Radicalismo que se opusieron a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y remató con la dolosa y discriminatoria operatoria 830 del Banco Hipotecario Nacional y con los estertores de la conocida como Coordinadora residual, cuyas deformaciones (entre otras el contubernio con el sindicalismo empresario) también se derramaron entre algunos dirigentes de la agrupación estudiantil Franja Morada.
Estas políticas y estas connivencias partidarias pusieron a la intelectualidad universitaria de todo el país de rodillas frente al creciente dominio del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y de los gerentes banco-mundialistas de los organismos internacionales (Banco Mundial-BID), y a sus docentes, alumnos e investigadores los puso a merced de un proyecto académico esencialmente contra-reformista y reacio a las libertades académicas. Todos estos contratiempos combinados se fueron precipitando y formando una cerrada dirigencia partidaria centrada en una exclusiva competición por candidaturas, totalmente inconducente para el ineludible debate político aún dolorosamente pendiente, y a la ingente necesidad actual –debido a lo crítico de la coyuntura que estamos atravesando– de elegir un piloto de tormenta que cuente con su correspondiente estado mayor.
Decíamos en un escrito anterior bajo la firma de Radicales Libres, y reiteramos hoy, que en los organismos de ciencia, investigación y educación superior “…han prevalecido las prácticas de camarilla, la indiferencia suicida hacia la infraestructura material y digital del conocimiento [simularon fomentar sólo el mejoramiento de la calidad educativa y científica], el canibalismo del botín de guerra, las violaciones al régimen de incompatibilidades y de conflicto de intereses, el culto demagógico a los pares evaluadores [crecientemente endogámicos] en desmedro de los sabios consagrados (como es el caso en Alemania), la creciente fuga de cerebros, y el menosprecio por capitalizar las patentes y regalías en nuestro propio país (se registraron 14 patentes del CONICET y 23 del INTA en las oficinas de USA).
Y como consecuencia de estas prácticas, la educación y la investigación pública y también la privada, la terciaria y la universitaria, se ha visto conminada a operar “…como rehén de un mecenazgo estatal sesgado que ha colonizado sus filas, y que ha segregado el entramado universitario [en casamatas o jaulas de silencio], mientras que la endogamia de su cuerpo docente [y de sus jurados académicos], con su gangrena acumulada [que ha esclerosado la movilidad del mercado ocupacional de las profesiones universitarias], viene incrementando a escala descomunal la decadencia intelectual y moral de una verdadera nomenklatura académica”
A estas patologías debemos añadir ese insistente afán de nuestros correligionarios dirigentes por disputar cargos y candidaturas sin cumplir el consabido cursus honorumen el estudio, la investigación, y la formulación de un programa moderno y democrático. La derivación más previsible de esa praxis para un partido es la de terminar alquilando intelectuales extra-partidarios, como se hizo en nuestros dos últimos gobiernos. Este desinterés del Radicalismo por llevar a los afiliados la posibilidad de ser escuchados y de ser intelectualmente formados ha llevado a engendrar políticos diplomados que luego de su graduación universitaria desertan de aquellas prácticas y vuelcan toda su líbido en una militancia contaminada de clichés, verbos inflamados, frases hechas, y sonrisas fáciles, pero esencialmente ausentes de todo contenido, memoria, autocrítica y auténtico compromiso. De una forma aún más perturbadora, algunos de nuestros políticos vuelcan su líbido en la construcción de clientelas, reciprocidades, y listas sábanas; aprovechan el partido como agencia de colocaciones; cultivan un seguidismo a la autoridad mediática en la conformación de la agenda política, y también una concepción patrimonialista y una práctica vedettista y personalista del poder acompañada por una memoria histórica fragmentada escasamente interpelada. Pero lo que es agraviante en casos cada vez más reiterados, es un obsceno e ilegal modus operandi para la acumulación material y el privilegio económico.
En suma, su tácita negativa a honrar el art.26 de la Carta Orgánica partidaria, priva de representatividad a nuestros dirigentes y los inducen a censurar y abusar de la dignidad del afiliado, a auto-promoverse en el escalafón del poder, y a perpetuarse en él, para sólo administrar la decadencia y someterse al alineamiento automático con las políticas y programas de los organismos internacionales; sin poder o querer interpelar ni movilizar intelectualmente a nuestro partido; y algunos otros sin siquiera poder acreditar –para legitimar su representación– un historial de lucha contra la corrupción, la mentira y la opresión, clara muestra del proceso de disgregación en que desgraciadamente se encuentra inmersa nuestra otrora gloriosa UCR.
Saludo a Vds. atte.
Eduardo R. Saguier