Buenos Aires, Palermo, Squzi, jueves 18 de septiembre de 2014 Por Eduardo R. Saguier – https://www.er-saguier.org
Desde hace un tiempo venimos observando con estupor los mecanismos de
formación de las candidaturas Radicales, y últimamente la de Ernesto Sanz,
teniendo en cuenta que su respaldo político interno ha venido a ser
esencialmente la Coordinadora residual, paradójico antecedente de la actual
organización Peronista conocida como “La Cámpora”.
Decíamos en un artículo anterior, que está online (El “Agujero Negro del
Talento” en una Argentina vaciada por un Peronismo corrupto), prolegómeno
del presente escrito, y a riesgo que lo que vamos a exponer sea utilizado
por el Kirchnerismo para ocultar sus propios crímenes, que todos los
contratiempos combinados habían contribuido a precipitar en el Radicalismo
una tabicada dirigencia, adulada por escribas redactores de relatos épicos y
laudatorios, y a engendrar unas candidaturas violatorias de la Carta
Orgánica partidaria.
Estas candidaturas estuvieron originadas en procesos electorales indirectos,
los de la Convención Nacional y últimamente los del Plenario de Delegados al
Comité Nacional, que violaron el afamado voto directo, mecanismo tradicional
establecido por la Carta Orgánica para la elección de sus candidatos, y que
había sido históricamente respetado en el Radicalismo, pero que se había
interrumpido con la elección de la candidatura presidencial de Arturo
Frondizi por la Convención Nacional de la UCR reunida en Tucumán en 1957, lo
cual dividió al partido provocándole una pavorosa sangría juvenil que lo
perjudicó electoralmente.
Pese a este dramático antecedente, que marcó la historia contemporánea del
Radicalismo, dicho procedimiento histórico fue interrumpido nuevamente medio
siglo más tarde por la arbitraria convalidación de la legislación conocida
como Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), legisladas por el
gobierno Kirchnerista en el año 2009, y que va a ser regulada por el futuro
Juez Federal con competencia electoral y sede en La Plata (cuya identidad es
aún desconocida). Mediante este inconstitucional mecanismo, violatorio de la
independencia partidaria, se han cristalizado las filas dirigentes, y sus
organismos internos como la Convención y el Plenario de Delegados se han
transformado en meras escribanías. Si a ello añadimos el crónico
incumplimiento del art.26 de la Carta Orgánica, que establece la
obligatoriedad de la consulta periódica al afiliado, la conocida como
Coordinadora residual –encabezada por Jesús Rodríguez pero controlada por
el Coti Nosiglia— ha logrado una vez más perpetuar su hegemonía política en
el seno del Radicalismo. Pero lo que no ha logrado aún el Radicalismo es
consolidar su hegemonía en el seno de la coalición UNEN, corriendo el
peligro que la misma se rompa y se doble pues la candidatura de Sanz cuenta
con el lastre que significa ser un indeclinable apéndice de la Coordinadora.
No obstante la aparente legalidad del cuestionado procedimiento adoptado
(Plenario de Delegados al Comité Nacional), vale radiografiar el desempeño
histórico y la naturaleza moral de quienes se han arrogado desde hace
treinta (30) años la conducción del Radicalismo. Es bien sabido que durante
el primer gobierno Radical luego del restablecimiento de la democracia en
1983, la denominada Junta Coordinadora Nacional (JCN) –un aparato político
de composición juvenil y conducción vitalicia y carente de democracia
interna– abusando de la confianza que les dispensaba Alfonsín obtuvo un
desproporcionado poder que distorsionó la retribución del mérito en la
administración pública y repartió las instituciones financieras del estado
cual si se trataran de trofeos de guerra. En esa lastimosa subasta fueron
víctimas el Banco Hipotecario Nacional (BHN), la Dirección General
Impositiva (DGI), y el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE). Por el
contrario, las instituciones culturales se salvaron de caer en manos de la
Coordinadora pues fueron a parar a socios intelectuales de origen
extra-partidario, pero muy recientemente cooptados (Sábato, Delich, Caputo,
Abeledo, y los integrantes del Grupo Esmeralda: Portantiero, De Ipola,
etc.).
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Para mayor desconcierto y zozobra de afiliados y militantes, con la
modificación de aquellos artículos de la Carta Orgánica, que especificaban
las incompatibilidades, las autoridades partidarias habían sido intervenidas
“de hecho” por la Convención Nacional de diciembre de 1983, con la abierta
disconformidad de los mismos radicales que luego desde el Parlamento se
opusieron a la Obediencia Debida, al Punto Final y posteriormente al Pacto
de Olivos (Belarrinaga, Copello, Stolkiner). La nueva redacción de dicha
Carta autorizaba a quienes ejercían cargos en los poderes ejecutivo y
legislativo seguir detentando los cargos partidarios para los cuales habían
sido electos. De esa forma antidemocrática, ilegítima y de falta absoluta de
transparencia lograron mantener al partido amordazado, bajo la secreta
férula de la Coordinadora, sin la posibilidad para el afiliado de ejercer
crítica alguna, lo cual permitió a su vez que ocurrieran actos de corrupción
que empañaron la gestión de Alfonsín y ayudaran a precipitar la
hiperinflación y su posterior caída.
En la facciosa distribución de áreas de influencia, el Banco Hipotecario
Nacional fue adjudicado a la Coordinadora del litoral, con la presidencia
del médico Aníbal Reinaldo. Mediante una dolosa operatoria, que llevaba la
numeración 830, el Directorio del Banco manipuló un mecanismo ilegal
asignador de créditos inmobiliarios con tasas de privilegio y saldos
auto-extinguibles, que benefició personalmente a los dirigentes de la
Coordinadora (e.g.: Cáceres, Changui; etc.), a los parientes de sus
correligionarios (Ronco, Margarita; etc.), y a sus circunstanciales aliados
(e.g.: Manzano, J. L.; etc.), y que el libro de Alfredo Leuco (Los Herederos
de Alfonsín) pretende justificar con argumentos apologéticos en beneficio de
Cáceres. Con el tiempo algunos de estos aliados retribuyeron los “favores
recibidos” asociándolos a sus lavaderos de capitales, como ocurrió en el
paradigmático caso de Leopoldo Moreau (Grupo Uno de Vila-Manzano,
propietario de América TV). Dicho escandaloso mecanismo terminó reduciendo
el Banco Hipotecario a una dimensión exigua, con sus cuentas en rojo, que
luego fue resucitado por el Ministro Cavallo, y más tarde privatizado en
forma terminal.
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Paralelamente, la DGI le fue asignada a la Coordinadora de la Provincia de
Buenos Aires (Moreau, Storani), en la persona de Marcelo Da Corte
(1986-1989), a los 31 años de edad, quien provenía del Directorio del Banco
Central, donde había caído en un proceso judicial por la fraudulenta
liquidación de la financiera cordobesa Condecor. Este conspicuo miembro de
la Coordinadora terminó prófugo, habiendo recaído sobre el mismo orden de
captura, y siendo sobreseído recién en 1993.
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Por último, en el caso más relevante y económicamente cuantioso, el Banco
Nacional de Desarrollo (BANADE) fue adjudicado a la Coordinadora de la
Capital, a través del joven Chrystian Colombo, cuasi-cuñado de Enrique
Nosiglia. La quiebra fraudulenta del BANADE, que se venía arrastrando desde
la dictadura militar, no pudo ser ejecutada y sus deudores no pudieron ser
embargados (más de la mitad de su cartera de créditos incobrables estaba
concentrada en una veintena de compañías concursadas, entre ellas Massuh,
Alpargatas, Celulosa, Pérez Companc y Alto Paraná), so pretexto que dichas
empresas habían contribuido a la campaña electoral del Radicalismo
(justificación alegada por Mario Brodersohn en una reunión partidaria nunca
desmentida).
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Por cierto, esta fue una justificación política que ocultaba comisiones y
refinanciaciones espurias aún impunes, con numerosos beneficiarios próximos
al poder, cuyas identidades se sospechan, pero que Colombo nunca hizo
trascender públicamente. Estas refinanciaciones tampoco fueron investigadas
por la justicia ni por las autoridades partidarias (el BANADE fue liquidado
recién por Menem en 1993), y los libros de Oscar Muiño no las aclaran.
Tampoco fueron investigadas por el gobierno de De la Rúa, en el cual Colombo
(que venía esta vez desde el Grupo Macro, de Jorge Brito y su cuñado Delfín
Carballo) había actuado primero como Presidente del Banco Nación. En dicho
cargo, con su experiencia como liquidador, que traía del BANADE, Colombo
frenó las investigaciones al Grupo Yoma (cliente de Brito) en ese entonces
rastreado por la Comisión de Riesgo Crediticio del Banco (Colombo alega que
dicha Comisión no se expidió en los ocho meses del año 2000, entre marzo y
noviembre, sin explicar por que razón no la conminó para que lo hiciera en
forma expeditiva). Yoma S. A. había recibido de Colombo un préstamo por 10
millones y pasó a estar en el año 2001 bajo la lupa de la Comisión
Investigadora de Operaciones de Lavado de Dinero, presidida por Carrió,
cuando simultáneamente se venía investigando a Yabrán.
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Más luego, desde noviembre de 2000, Colombo dejó el Banco Nación librándose
de las investigaciones parlamentarias en curso, y pasando a ser Jefe de
Gabinete. Desde ese nuevo y crucial puesto político Colombo tuvo a fines de
2001 que pedirle la renuncia al Ministro Cavallo, en forma tardía y al borde
del colapso bancario. Hoy Colombo, simulando estar en retirada, patrocina
con Nosiglia y desde las sombras, la carrera política del ex Kirchnerista
Martín Lousteau, célebre como autor de la regresiva Resolución 125.
Todos estos escándalos y corrupciones no fueron obstáculo para que mediante
los recursos expoliados, y sus íntimos contactos con el empresariado y las
finanzas, la Coordinadora subsistiera políticamente, no cumpliera con la
histórica consigna “comando de derrota comando a casa” e insistiera con
continuar manipulando el gobierno partidario, al extremo de lograr financiar
obras apologéticas, de demagogia infantilista y deformadoras del pasado, y
distribuirlas en todos los Comités del país. Estas obras fueron producidas
alquilando plumas mercenarias, tales como la contradictoria figura de
Alfredo Leuco, reciente apologista del Ministro Barañao, y autor de Los
Herederos de Alfonsín, donde se ridiculiza a quienes no son afectos a la
Coordinadora y se ningunea a quienes pusieron el cuerpo en aquellas épocas
de adversidad. También se destacó en esa tarea apologética y deformadora del
pasado el periodista Oscar Muiño, autor de dos obras de propaganda política
carentes de seriedad académica y científica, La Otra Juventud y Los Días de
la Coordinadora, a cuya presentación en el Club Español concurrió el actual
Presidente del Comité Nacional Ernesto Sanz.
http://www.ncn.com.ar/notas/12821-el-radicalismo-presenta-libros-sobre-su-juventud.html
Finalmente, por todo lo aquí expuesto, es posible que no se haya escuchado
de parte de las actuales autoridades partidarias condena alguna a los
procedimientos corruptos desplegados por la agrupación peronista “La
Cámpora”, ni tampoco interés por enmendar la conducción del Radicalismo
oxigenando sus filas dirigentes. Aparentemente, a la dirigencia Radical lo
angustia el temor a que la opinión pública tome conciencia del corrompido
pasado político del país, que incluye a la Coordinadora y a sus líderes,
aunque agravado a una escala sideral por el Menemismo y luego por el
Kirchnerismo, y sin duda por el llamado Camporismo.